Por: Norma Sactic Suque
Las mujeres y especialmente las mujeres indígenas han sido excluidas tradicionalmente de los procesos de toma de decisión, teniendo acceso limitado a los cargos de elección y designación publica de los distintos ámbitos del quehacer social, económico, político y cultural del país. Los cargos de elección o designación son y han sido ejercidos casi en exclusividad por los hombres, lo cual ha limitado el avance y el empoderamiento de las mujeres, porque su restricción a las distintas esferas del poder, limita la posibilidad real y efectiva de transformar y democratizar el poder en sus diversas manifestaciones, reduciendo significativamente su capacidad de incidencia en las decisiones relacionadas con el quehacer público y por tanto relativas a políticas, normas, procesos y procedimientos administrativos, jurídicos, judiciales y otros de ámbito tanto nacional como local.
La participación política de las mujeres desde el parlamento es una de las mejores divisas de la democracia, pero la participación política de las mujeres indígenas desde el parlamento es un verdadero acto de heroísmo, pues para una mujer llegar hasta el parlamento es muy difícil, pero para una mujer indígena llegar hasta el parlamento es una odisea-femenina.
Un desafío para el sistema político en su conjunto es avanzar en la democracia representativa, mediante acciones que promuevan una mayor participación política de los pueblos y mujeres indígenas, aún dentro de las normas electorales vigentes. Para el fortalecimiento de la democracia y no sólo de la legalidad y legitimidad de los procesos electorales es la reforma a la Ley electoral y de partidos políticos, por ejemplo, mediante de los distritos electorales, para que éstos representen de mejor manera la composición de su población.
Entre las opciones que pueden ser consideradas para mejorar gradualmente las oportunidades de participación de las mujeres indígenas hay que considerar la necesidad de construir nuevos pactos político sociales interculturales, de reconocer la unidad en la diversidad como una característica de la nación guatemalteca, de garantizar el ejercicio del pluralismo jurídico y del derecho a consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT y finalmente, pero no de menor importancia, considerar acciones afirmativas en la educación, en el ámbito laboral y en la cultura, así como medidas específicas para fortalecer la participación político partidista, en la sociedad civil y en las formas.
Nuevamente estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral en donde vemos mayor participación de mujeres indígenas en cargos de elección popular, sin embargo, esperamos que puedan alcanzar mejores posiciones para que puedan impulsar planes, programas y leyes a favor de los pueblos y mujeres indígenas.
Así mismo, se pueda rescatar algunas instituciones públicas para las mujeres y se impulsar acciones de coordinación para la prevención de la violencia y seguridad de las mujeres en general.
Las Oficinas de la Mujer son un instrumento clave a nivel local para impulsar actividades con las mujeres, pero no partidistas sino más bien con sentido y desarrollo de capacidades de las mujeres.